Desde que la presidenta Claudia Sheinbaum asumió el cargo, el gobierno mexicano ha estado asignando detalles de seguridad a funcionarios públicos a un ritmo significativamente mayor que sus dos predecesores más recientes.
Citando información gubernamental que recibió a través de una solicitud de libertad de información, el diario El Sol de México informó el lunes que se asignaron guardaespaldas a 103 funcionarios entre el 1 de octubre de 2024, fecha en que Sheinbaum prestó juramento, y el 7 de enero de 2026.
En otras palabras, a un promedio de casi siete funcionarios por mes se les asignaron detalles de seguridad personal en el período de poco más de 15 meses comprendido entre el 1 de octubre de 2024 y el 7 de enero de 2026.
La asignación de guardaespaldas por parte del gobierno federal generalmente ocurre después de que un funcionario haya presentado una solicitud de protección y se haya realizado un análisis de riesgo.
Durante los casi seis años que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue presidente (2018-24), el gobierno federal asignó escoltas a 311 funcionarios públicos y cuatro personas del sector privado, según El Sol de México.
Así, se asignaron elementos de seguridad a un promedio de 4,5 personas por mes en los 70 meses (cinco años y 10 meses) que López Obrador estuvo en el cargo.
En lo que va de la administración de Sheinbaum, el número promedio mensual de asignaciones de detalles de seguridad a funcionarios ha sido alrededor de un 50% mayor que bajo AMLO.
El aumento en la provisión de escoltas a los funcionarios es aún mayor cuando se compara el gobierno actual con la administración 2012-18 liderada por el expresidente Enrique Peña Nieto.
Durante todo el sexenio de Peña Nieto se asignaron escoltas a 168 funcionarios públicos y tres personas del sector privado. Así, se asignaron elementos de seguridad a una media de 2,37 personas al mes. La tasa promedio durante los primeros 15 meses de gobierno del actual gobierno es más de un 180% más alta.
Los políticos en México han enfrentado durante mucho tiempo riesgos para su seguridad personal, como lo demuestran los asesinatos de personas como el candidato presidencial Luis Donaldo Colosio en 1994, el exgobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval en 2020 y el alcalde de Uruapan Carlos Manzo en noviembre pasado, quien tenía un destacamento de seguridad compuesto por policías municipales (supuestamente corruptos) y miembros de la Guardia Nacional cuando recibió los disparos.
Sin embargo, los datos obtenidos por El Sol de México indican que el actual gobierno está recibiendo solicitudes de protección a un ritmo mucho mayor que durante las dos administraciones federales anteriores. El aumento de las solicitudes parecería estar relacionado con un aumento de las amenazas creíbles a las vidas de los funcionarios y/o un deseo creciente de los políticos de tomar precauciones adicionales para garantizar su propia seguridad. Treinta y tres de las 103 asignaciones de escoltas a funcionarios durante el actual gobierno se produjeron después del asesinato de Manzo.
El Sol de México dijo que las autoridades federales no proporcionaron los nombres ni cargos de las personas a las que se les ha asignado escoltas durante el actual gobierno, citando un requisito legal de confidencialidad. Pero los datos sobre asesinatos de políticos en los últimos años muestran que los funcionarios municipales actuales y aspirantes, incluidos los alcaldes, corren mayor riesgo y, por lo tanto, es más probable que soliciten protección federal.
Sheinbaum, al igual que AMLO, afirma que no tiene un equipo de seguridad personal formal, sino que está protegida por un grupo de asistentes presidenciales que pertenecen a un equipo llamado Ayudantía. Sus medidas de seguridad estuvieron en el centro de atención a fines del año pasado después de que un hombre la tocara inapropiadamente mientras caminaba por el centro histórico de la Ciudad de México.
Gobierno de Sheinbaum ha entregado servicios de seguridad por más de 450 millones de pesos
Citando la información que recibió de autoridades de seguridad federales, El Sol de México informó que los servicios de seguridad personal brindados a los 103 funcionarios entre octubre de 2024 y enero de 2026, incluyendo la provisión de vehículos, generaron 450.94 millones de pesos (US $26.2 millones) en ingresos para el gobierno federal.
Las tarifas por la prestación de seguridad por parte del Servicio Federal de Protección se fijan anualmente.
Los honorarios los paga la entidad para la que trabaja el funcionario protegido (un gobierno municipal o estatal, por ejemplo).
Los ingresos del actual gobierno por la prestación de servicios de seguridad en un periodo de poco más de 15 meses son más del doble de los ingresos del gobierno anterior durante todo su mandato, según información recibida por El Sol de México.
Los ingresos del gobierno federal por la prestación de servicios de seguridad durante la presidencia de Peña Nieto superaron los mil 300 millones de pesos.