El 1 de septiembre de 2025, México inauguró una Corte Suprema recién constituida que surgió de las primeras elecciones judiciales populares del país. Un año después, el presidente del Tribunal Supremo, Hugo Aguilar Ortiz, emitió el primer informe anual de la nueva Corte, en el que destacó como sus principales logros la austeridad, la proximidad al pueblo y la autonomía equilibrada con la colaboración entre los poderes del gobierno.
“Este año de trabajo ha servido para disipar dudas: el Poder Judicial Federal es autónomo”, dijo Aguilar en el acto de inauguración al que asistió la presidenta Claudia Sheinbaum y miembros de su gabinete. «Funciona y trabaja para ofrecer los resultados que la gente exige».
(Hugo Aguilar/Facebook)
Aguilar afirmó que la Corte está viviendo una transformación en la forma de administrar justicia, tema reflejado en la título del evento inaugural: “Un año de justicia real y verdadera: una nueva forma de entender y administrar la justicia”.
“Hoy el pueblo controla el poder judicial”, afirmó. «Hemos dejado atrás la época en la que las sentencias se dictaban a espaldas del público y al servicio de unos pocos intereses selectos».
Según Aguilar, uno de los principales objetivos de los magistrados durante su primer año en el cargo fue atender los 1.479 casos pendientes heredados por la nueva Corte, de los cuales el 97% fueron resueltos. La cifra, además de los nuevos casos, sumó 15.051 casos tramitados y 13.231 resueltos a lo largo del año.
Otra prioridad fue acercar la justicia a sectores que históricamente han enfrentado mayores dificultades para acceder al sistema judicial.
“Nuestra prioridad ha sido abrir las puertas de esta Corte a las comunidades indígenas, a las mujeres y a los sectores históricamente excluidos”, dijo.

La autonomía de la Corte fue otro tema importante de su discurso. Aguilar afirmó que si bien el Poder Judicial se ha mantenido independiente de los demás poderes del Estado, esto “no implica distanciamiento”.
Finalmente, Aguilar señaló que actualmente la Corte opera bajo una “política de estricta austeridad republicana, con cero lujos, cero presupuestos excesivos y total transparencia sobre cada peso gastado por la Corte Suprema”.
¿Pero qué piensan los ex magistrados?
El juez retirado Javier Laynez Potisek cuestionó la evaluación de Aguilar, señalando que la Corte recientemente constituida ha manejado menos casos que su predecesor, y que las cifras citadas por Aguilar no necesariamente reflejan mejores operaciones.
“Durante un período similar, escucharon un 35% menos de casos que el Tribunal anterior”, dijo Laynez. MVSNoticiasy agrega que acumular estadísticas puede servir para construir una narrativa favorable sobre el desempeño de una institución, pero no necesariamente permite una evaluación de cómo funciona realmente.
“Esta avalancha de cifras no nos dice absolutamente nada”, afirmó Laynez.
Mientras tanto, la magistrada en retiro María Emilia Molina cuestionó algunas de las decisiones adoptadas durante el primer año de funcionamiento de la Corte, afirmando que en asuntos de importancia para el gobierno, la Corte ha fallado a favor del Estado.
“Lo que hemos visto es una Corte Suprema (…) más preocupada por defender los derechos del Estado que los derechos de las personas que habitamos este país”, ella dijo.
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