Esas 500 antorchas a pocos metros de los pueblos queman gases residuales de los pozos de petróleo desde hace casi 60 años, desde 1967. Chimeneas larguísimas con una llama perpetua encima que se utilizan para la extracción de petróleo, provocando contaminación del aire (quema de gas) y contribuyendo inevitablemente a la degradación de la biodiversidad y la salud de las personas.
En julio de 2021 los jóvenes activistas de Guerras por el Amazonas logró una victoria judicial histórica: un tribunal ordenó la eliminación de todas las antorchas en la región amazónica ecuatoriana. Pero no fue así y hoy contra el gobierno y las multinacionales, seis pueblos indígenas siguen unidos en la Guardia Nativa están intentando defender con todas sus fuerzas este sistema y un poder, el institucional, que no mira a nadie a la cara.
El olor a petróleo que asfixia el Amazonas
A Nueva Lojaen la provincia amazónica de Sucumbíos, el aire no huele a vegetación tropical sino a hidrocarburos. No es sólo una sensación: la ciudad debe su nombre histórico, Lago Agrioen el primer gran pozo perforado en la década de 1960. Desde entonces, la extracción de petróleo -realizada primero por Texaco, luego por Chevron y la estatal Petroecuador- ha dejado un reguero de contaminación ambiental, conflictos sociales y enfermedades.
Incluso hoy en día, cientos de antorchas queman gases residuales de la minería día y noche, una práctica que libera sustancias tóxicas y grandes cantidades de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Las llamas suelen estar a pocos metros de las viviendas: la luz constante, el calor, el humo y las irritaciones en ojos y garganta forman parte del día a día de muchas familias.
Una verdadera emergencia ambiental que, por tanto, no pertenece al pasado: en 2025 un nuevo derrame de petróleo contaminó cursos de agua en la zona de Cuyabeno, uno de los ecosistemas más ricos en biodiversidad de Ecuador. Episodios similares se han repetido en años anteriores, lo que demuestra cuán frágil sigue siendo el equilibrio entre la actividad extractiva y la protección del medio ambiente.
En estas tierras habitan pueblos como Siona, Cofán, Shuar, Siekopai, Achuar y Kichwa. Para ellos el bosque es un ser vivo con el que mantener el equilibrio y la reciprocidad, según el principio de sumak kawsay“vivir bien”. Una visión también reconocida en la Constitución ecuatoriana, que protege los derechos de la naturaleza, pero que en la práctica sigue chocando con el modelo extractivo.
En los últimos años esta tensión se ha hecho cada vez más evidente. El referéndum de 2023 que pidió detener las perforaciones en el Parque Yasuní marcó un punto de inflexión histórico, con una clara elección popular a favor de la biodiversidad. Pero la implementación concreta de la parada avanza lentamente, mientras el gobierno continúa equilibrando la protección ambiental y los intereses económicos vinculados a los recursos fósiles.
En este escenario, el papel de guardia nativaintegrado por mujeres y hombres de comunidades locales, para proteger los territorios, también contra el narcotráfico y las extracciones no autorizadas.
Por lo tanto, hoy el conflicto en Ecuador se ha convertido en un choque entre dos ideas de futuro: extraer valor inmediato del subsuelo o preservar la vida del bosque para las generaciones venideras. Mientras en Nueva Loja las antorchas siguen encendidas y los ríos corren con reflejos oleosos, las comunidades indígenas permanecen allí, para custodiar lo que queda.