Tráfico ilícito de residuos y desastre medioambiental en el País de los Fuegos: confiscación por valor de 205 millones (también entre Calabria y Lacio)

El País de los Fuegos vuelve al centro de la actualidad judicial y esta vez con una de las mayores desamortizaciones de los últimos años. De hecho, el Tribunal de Nápoles ha ordenado a la Confiscación de bienes por valor de más de 205 millones de euros. a algunos empresarios activos en el sector de la valorización y eliminación de residuos.

Según las investigaciones, parte de la riqueza acumulada está relacionada con el tráfico ilícito de residuos que envenena el País de los Fuegos desde hace años.

La medida fue llevada a cabo por el Gico (Grupo de Investigación contra la Delincuencia Organizada) de la Unidad de Policía Económico-Financiera de la Policía Financiera de Nápoles, que se incautó de 8 empresas entre Nápoles, Roma y Frosinone, pero también de 224 propiedades repartidas en Campania, Lacio y Calabria, 75 terrenos, 70 informes financieros y 72 automóviles. Entre los bienes confiscados también se incluyen tres embarcaciones y dos helicópteros.

La disposición llega al final de un largo proceso judicial que comenzó hace años. Corría el año 2024 cuando una sentencia del Tribunal Supremo ordenó la devolución de mercancías por un defecto formalpero los controles patrimoniales posteriores confirmaron, según la Fiscalía de Nápoles, una fuerte desproporción entre los activos acumulados y los ingresos declarados, además del peligro vinculado a actividades ilícitas.

Las investigaciones de la Dirección Distrital Antimafia ya habían conducido a la condena definitiva de los mismos empresarios por desastre ambientalatribuyendo parte de sus actividades al tráfico ilegal de residuos que ha contribuido a contaminar uno de los territorios más atormentados de Italia.

Por tanto, mediante decreto presentado el 19 de febrero de 2026, el Tribunal confirmó el decomiso, considerando no creíbles las justificaciones aportadas sobre el origen de los recursos utilizados para acumular dichos bienes. Una decisión que llama la atención sobre una herida aún abierta: la del País de los Fuegos, símbolo de décadas de eliminación ilegal de residuos y de un territorio que sigue pidiendo justicia.

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