Portugal tendrá que pagar un alto precio por el retraso en la protección de sus hábitats naturales. De hecho, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado a Lisboa a pagar una suma global de 10 millones de euros por no haber cumplido una sentencia anterior de 2019 sobre la protección de biodiversidad. Y la cosa no acaba ahí: además de la maxi multa, también se aplicará una sanción de 41.250 euros diarios hasta que el país se adapte plenamente a la decisión.
En el centro de la cuestión está la falta de aplicación de la Directiva sobre hábitats, uno de los pilares de la política medioambiental europea. Una legislación que sirve para proteger los hábitats naturales y las especies animales y vegetales amenazadoy que dio origen a la red ecológica Natura 2000, la mayor del mundo.
Esta red se compone de dos tipos de zonas protegidas: las zonas de especial conservación previstas por la Directiva de Hábitats y las zonas de especial protección establecidas por la Directiva de Aves. El mecanismo es claro: junto con los Estados miembros, la Comisión Europea identifica lugares de importancia comunitaria, que luego deben ser designados como zonas especiales de conservación en un plazo de seis años, con medidas concretas para salvaguardar los hábitats y las especies.
Y es precisamente aquí donde Portugal se perdió la cita. Con sentencia de 5 de septiembre de 2019, la Corte ya había establecido que el país no había respetado sus obligaciones: Faltaban 61 sitios de importancia comunitariaubicadas en las regiones biogeográficas atlántica y mediterránea, que no habían sido designadas como áreas especiales de conservación. No sólo eso: ni siquiera se habían adoptado las medidas necesarias para protegerlos.
Dado que esa decisión quedó esencialmente en letra muerta, el 21 de septiembre de 2024 la Comisión Europea volvió a la carga con una nueva acción por infracción, pidiendo al Tribunal que impusiera sanciones financieras. Y ahora ha llegado la respuesta de los jueces: Portugal aún no ha ejecutado plenamente la sentencia.
Según el Tribunal, la legislación adoptada hasta ahora simplemente designa algunos sitios como áreas especiales de conservación, pero sin indicar claramente qué hábitats naturales o especies están presentes en cada uno de ellos. Además, faltan medidas de conservación adecuadas, es decir, aquellas acciones concretas necesarias para mantener o restaurar la salud de los ecosistemas. Una deficiencia que, para los jueces europeos, no es nada marginal. De hecho, el territorio portugués alberga una biodiversidad de gran valor: 99 tipos de hábitats y 335 especies protegidas por la Directiva de Hábitats.
Precisamente por esta razón el Tribunal calificó la infracción como especialmente grave. Teniendo en cuenta la importancia del patrimonio natural afectado, la duración de la infracción y la capacidad económica del Estado miembro, se fijó una multa a tanto alzado de 10 millones de euros.
Pero la presión económica no termina ahí. Portugal también tendrá que pagar una multa diaria de 41.250 euros hasta que se ejecute íntegramente la sentencia de 2019. El importe podrá reducirse progresivamente -750 euros al día- por cada lugar que cumpla las obligaciones de la Directiva.
Es decir, la multa se seguirá imponiendo hasta que todos los lugares implicados estén realmente protegidos dentro de la red Natura 2000. Y hasta que los hábitats y las especies finalmente tengan las protecciones que, sobre el papel, deberían haber tenido hace años.