Un pequeño estado del Pacífico ha logrado lo que durante años parecía imposible: Incorporar la crisis climática al derecho internacional.. El 20 de mayo, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó con 141 votos a favor una resolución apoyada por Vanuatu que rrefuerza el principio de que los gobiernos pueden ser responsables de sus responsabilidades en materia de cambio climático.
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Estados Unidos, Arabia Saudita, Rusia y otros grandes productores de petróleo votaron en contra.. Italia, en cambio, optó por apoyar el texto. La resolución surge del histórico dictamen emitido en 2025 por la Corte Internacional de Justicia de La Haya, según el cual Los Estados tienen el deber de proteger el clima y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Un paso que, aunque no es vinculante, podría tener importantes consecuencias en futuras demandas climáticas contra gobiernos e industrias fósiles.
El clima entra en la esfera de la responsabilidad
La novedad no reside sólo en la votación de la ONU, sino en el cambio de enfoque que este documento intenta consolidar. Durante años, el clima ha seguido siendo sobre todo una cuestión de negociaciones políticas, objetivos voluntarios y conferencias internacionales que a menudo concluyen con compromisos a la baja. La opinión del Tribunal de La Haya, en cambio, cambia el terreno de la discusión: La protección del clima vuelve a las obligaciones ya previstas por el derecho internacional..
Según el Tribunal, los Estados no pueden limitarse a declaraciones generales o promesas futuras. La falta de contención de emisiones y la ausencia de medidas adecuadas pueden constituir una auténtica violación legal. Es el punto que más preocupa a las grandes economías fósiles, porque abre el camino a nuevas disputas climáticas ante tribunales nacionales e internacionales.
No es casualidad que Washington encabezara el frente del no junto con Arabia Saudita, Rusia, Irán y otros países productores de petróleo. La administración Trump también habría ejercido presión diplomática para suavizar el texto, que los representantes estadounidenses definieron como una amenaza a la industria estadounidense.
La lección política de Vanuatu
Un país insular que se encuentra entre los más vulnerables al calentamiento global ha puesto en dificultades a las grandes potencias. Vanuatu se ha enfrentado durante años a ciclones cada vez más violentos, erosión costera y aumento del nivel del mar. «El daño es real y ya está presente en todas nuestras islas y costas». El embajador de Vanuatu, Odo Tevi, recordó a la ONUdevolviendo el debate a la dimensión concreta de la crisis climática.
Detrás de esta batalla diplomática también está el trabajo de un grupo de estudiantes de derecho del Pacífico, unidos en el movimiento Estudiantes de las Islas del Pacífico Luchando contra el Cambio Climático. Fueron ellos quienes presionaron para solicitar la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, transformando una petición nacida en las universidades en un tema global.
El si de Italia
El voto italiano también merece atención. Roma estuvo entre los países que apoyaron la solicitud de opinión del Tribunal de La Haya en 2023. Un paso atrás habría creado una contradicción política difícil de explicar. Pero también hay otro elemento. Tras la reforma del artículo 9 de la Constitución, que protege el medio ambiente y los ecosistemas «en interés de las generaciones futuras», el reconocimiento de las obligaciones climáticas como principios de derecho internacional podría tener un peso creciente también en el ordenamiento jurídico italiano.
Durante el debate en Naciones Unidas, el representante permanente adjunto de Italia, Gianluca Greco, reiteró su apoyo «al trabajo de la Corte Internacional de Justicia» y la necesidad de abordar una crisis que afecta especialmente a las poblaciones más vulnerables.
La cuestión de los combustibles fósiles
La resolución aprobada por la Asamblea General refuerza un principio que será cada vez más importante: quienes contribuyen a la crisis climática podrían rendir cuentas. Por este motivo, la votación del 20 de mayo corre el riesgo de tener efectos que vayan más allá del lenguaje diplomático de las Naciones Unidas. Las organizaciones ecologistas lo ven como un precedente importante para futuras demandas contra gobiernos y empresas energéticas. Paz verde internacional ha hablado abiertamente de un paso que transforma la inacción climática de un problema moral a una posible violación de la ley.
Es una firme afirmación del derecho internacional, la justicia climática, la ciencia y la responsabilidad de los Estados de proteger a las personas del empeoramiento de la crisis climática, dijo el Secretario General António Guterres.
Naturalmente, la cuestión decisiva sigue abierta: quién financiará la transición energética y los daños climáticos que ya están en marcha. Los países más vulnerables llevan años pidiendo que el coste de la crisis no recaiga sobre quienes menos han contribuido a las emisiones globales. Y es también en torno a este conflicto donde se desarrollarán las próximas batallas diplomáticas sobre el clima.