Allá sentencia contra Miteni pronunciada en junio, cuyos motivos ya se han hecho públicos, es una acusación sin precedentes: la empresa química con sede en Trissino (Vicenza) sabía que contaminaba y lo hizo deliberadamente, produciendo durante años PFAS y otras sustancias nocivas con el único objetivo de ganar dinero, ignorando por completo las consecuencias para el medio ambiente y la salud de 350.000 ciudadanos.
El 2.062 páginas de motivos presentados por el Tribunal de lo Penal de Vicenza no dejan lugar a la interpretación. No se trata de un caso de negligencia o de subestimación, sino de una precisa elección empresarial.
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Una condena histórica por un delito medioambiental
El pasado 26 de junio, luego de seis horas de deliberación y un juicio que duró cuatro años, el Tribunal de lo Penal de Vicenza él infligió Un total de 141 años de prisión para 11 de los 15 directivos de la antigua fábrica de Miteni de Trissino y de las multinacionales ICIG y Mitsubishi. Los motivos presentados confirman ahora la gravedad de los hechos: la empresa ha contaminado las provincias de Vicenza, Padua y Verona, envenenando los acuíferos y el agua potable de cientos de miles de personas.
La ley de prevención y protección ambiental no termina con la normativa sobre recuperación, sino que es mucho más compleja y completa. – escriben los jueces en los motivos – Para las sustancias no reguladas, la ley prohíbe estrictamente su liberación significativa y mensurable en el medio ambiente donde antes no estaban presentes y exige su eliminación drástica y total.
Lo más grave que se desprende de los motivos es que ya en 2009 Miteni disponía de un marco informativo detallado sobre la contaminación del lugar y de las aguas subterráneas. A pesar de este conocimiento, la empresa nunca comunicó nada a las instituciones y continuó produciendo PFAS, luego también GenX y C604, sustancias aún más insidiosas. Una elección precisa, según los jueces, dictada únicamente por el beneficio.
Por tanto, no se trata de una simple subestimación del riesgo, sino de una decisión deliberada de continuar con la actividad contaminante a pesar de ser plenamente conscientes de las devastadoras consecuencias para el medio ambiente y la salud pública.
Compensación millonaria
La sentencia estableció indemnizaciones para más de 300 partes civiles, entre particulares y organismos públicos, por un total de decenas de millones de euros. El Ministerio de Medio Ambiente recibió una indemnización de 58 millones de euros, la Región del Véneto 6,5 millones y la agencia medioambiental Arpav 800 mil euros. También obtuvieron indemnizaciones los municipios, las empresas de agua y la provincia de Vicenza.
Para los particulares, en particular para las «No Pfas Moms» que lideraron la lucha por la verdad, la indemnización oscila entre 15.000 y 20.000 euros. Una suma simbólica en comparación con los daños sufridos, pero un reconocimiento importante a su lucha.
¿Qué son las PFAS y por qué son tan peligrosas?
EL PFAS (sustancias perfluoroalquiladas) Son compuestos químicos sintéticos utilizados por la industria por sus propiedades impermeabilizantes y antiadherentes. El problema es que son prácticamente indestructible: se llaman “por siempre químicos“, químicos eternos, porque persisten en el medio ambiente y en el cuerpo humano durante décadas.
Estas sustancias tienden a acumularse en la sangre y los órganos con el tiempo, con efectos potencialmente muy graves para la salud. De hecho, numerosos estudios científicos han relacionado la exposición a las PFAS con un mayor riesgo de padecer determinados tumores, en particular tumores renales y testiculares, pero también con daños al sistema inmunológico y alteraciones en la función tiroidea. La ingesta prolongada también se ha asociado con niveles altos de colesterol, problemas hepáticos y complicaciones en el embarazo. En los niños, la exposición puede interferir con los procesos normales de crecimiento y desarrollo, provocando retrasos en el desarrollo.
Su peligro se ve acentuado por el hecho de que se propagan fácilmente a través de los acuíferos, contaminando el agua potable de comunidades enteras. En el caso Miteni, la contaminación llegó a tres provincias venecianas, envenenando el agua de 350.000 ciudadanos durante años.
El caso estalló en 2013, cuando el Ministerio de Medio Ambiente informó a la región del Véneto de la presencia de PFAS en concentraciones «preocupantes» en el agua potable de algunos municipios. A partir de ese momento comenzó una batalla legal y civil sin precedentes, liderada por el movimiento “Madres No Pfas”, mujeres que descubrieron que llevaban años dando de beber a sus hijos agua envenenada.
Su movilización obligó a las instituciones a actuar, lo que llevó a un cribado de la población, a análisis en profundidad y, finalmente, al juicio que concluyó con esta sentencia histórica. Durante años se han manifestado, recopilado datos, denunciado, pidiendo justicia para sus familias y para todas las personas expuestas.
¿Qué pasa ahora?
Los abogados defensores tendrán ahora acceso a las 2.062 páginas de motivos y tendrán que decidir si proceden con el recurso ante el Tribunal de Apelación. Por lo tanto, es posible que la batalla legal no haya terminado. Mientras tanto, sin embargo, esta sentencia representa un precedente fundamental en la jurisprudencia ambiental italiana: establece claramente que contaminar deliberadamente con fines de lucro es un delito que debe ser castigado con el mayor rigor.
El caso Miteni se convierte así en un símbolo de la lucha contra la contaminación industrial y demuestra que, aunque sea lentamente, la justicia puede llegar. Pero queda un sabor amargo: 350.000 personas beben agua contaminada desde hace años, mientras que algunas lo sabían y optaron por no hacer nada.