Desde hace décadas, en Tarento siempre se plantea la misma pregunta: ¿el trabajo o la salud son lo primero? Y hoy, el Tribunal de Casación plasma en el papel un principio que marcará un punto de inflexión en el larguísimo asunto del ex Ilva: El derecho al trabajo no puede separarse del derecho a vivir en un entorno sano y seguro..
Las Secciones Civiles Unidas del Tribunal Supremo desestimaron así el recurso presentado por Ilva y Acciaierie d’Italia, ambos en administración extraordinaria, contra la disposición que ordenaba la suspensión de la actividad productiva en la zona caliente de la acería de Taranto.
Por tanto, la sentencia del Tribunal de Apelación de Milán de 27 de julio, que había concedido, sigue siendo válida 90 días para detener las plantas. Una decisión motivada por los riesgos relacionados con la presencia de amianto y las emisiones de polvo fino, a partir de los elementos examinados por los jueces.
El Tribunal de Casación consideró suficientemente justificada la evaluación de los peligros graves y relevantes, juzgando que la medida era coherente con el principio de precaución.
Porque la Corte Suprema confirmó la detención del ex Ilva
La sentencia llega tras una larga batalla judicial iniciada por algunos ciudadanos de Tarento, que habían pedido que se tomaran medidas sobre los riesgos para la salud asociados a la actividad de la planta.
La disposición de los jueces milaneses impone la suspensión de la actividad productiva en la zona caliente hasta la implementación de las medidas necesarias para eliminar los riesgos identificadosen particular los relacionados con el amianto presente en las plantas y las emisiones de polvo.
Las empresas habían impugnado la decisión, recordando también el estudio de Evaluación de Impacto Sanitario (VIS), el dictamen del Istituto Superiore di Sanità y la Autorización Ambiental Integrada (AIA) de 2025. Pero para la Casación, los motivos del Tribunal de Apelación relativos al amianto y al polvo fino son autónomos: cada uno de ellos se consideró suficiente para sustentar la decisión de suspender la producción.
Salud y trabajo no deben entrar en conflicto
Este es probablemente el punto más significativo de la sentencia, porque no se refiere sólo a Taranto, sino también a la relación entre la actividad industrial, la protección del medio ambiente y los derechos fundamentales.
Rosy Battaglia, periodista de investigación y documentalista, autora de «Tarento llama”, uno excepcional documento de investigacióny creador de Ciudadanos receptivosproyecto por periodismo cívico sobre salud, medio ambiente y legalidad.
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Battaglia comparte un pasaje que define como significativo para todos.
Y recuerda los artículos 9, 32 y 41 de la Constitución, reiterando cómo la protección de la vida, la salud y el medio ambiente impone límites precisos a la libertad de iniciativa económica. Pero sobre todo aclara que el derecho al trabajo no puede utilizarse para justificar condiciones peligrosas para quienes trabajan y para quienes viven en los territorios en cuestión.
De hecho, el Tribunal Supremo afirma que el trabajo protegido por la Constitución debe ser saludable y seguro, y que corresponde al Estado garantizar sus condiciones también mediante políticas económicas y sociales adecuadas.
Se trata de una distinción fundamental para una ciudad que, durante demasiado tiempo, ha experimentado la protección de la salud y la defensa del empleo como dos necesidades irreconciliables.
Los precedentes europeos
Ya el 25 de junio de 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, interviniendo en el caso de la ex Ilva, había aclarado que la actividad de una planta industrial debe suspenderse cuando presente peligros graves y relevantes para el medio ambiente y la salud humana. Ese fallo representó un paso decisivo en el proceso judicial que llevó a la suspensión de la zona caliente.
Entre los elementos mencionados por el Tribunal de Casación se encuentra también el Directiva europea 2024/2881 sobre calidad del aire, que introduce límites más estrictos de concentración de partículas PM10 y PM2,5 que deberán respetarse de aquí a 2030.
Es una referencia importante porque confirma la evolución de las normas europeas hacia una mayor protección de la salud frente a la contaminación atmosférica.
¿Está realmente cerrada la ex Ilva? ¿Qué pasa ahora?
La sentencia confirma la obligación de parar la zona caliente, pero no quiere decir que ya se hayan paralizado definitivamente todos los sistemas. En las últimas semanas se habían mantenido en condiciones de precalentamiento, sin producción, gracias a una disposición gubernamental que permitía a los comisarios mantenerlos en esta situación a la espera de la decisión del Tribunal Supremo y, en cualquier caso, a más tardar el 15 de diciembre.
Sin embargo, con el rechazo de los recursos, la orden de suspensión sigue plenamente vigente. Quedan por aclarar las modalidades técnicas de la parada y las próximas decisiones de las autoridades competentes.
Luego está el cuestión de empleo: la planta emplea directamente a unas 8.000 personas, mientras que el procedimiento de venta de las plantas sigue abierto, con el plazo de presentación de ofertas vinculantes ampliado hasta el 9 de noviembre (y no sólo eso: además de la planta de Taranto, Acciaierie d’Italia posee las de Cornigliano, Novi Ligure y Racconigi, y todas dependen de la producción de Apulia. La sentencia podría, por tanto, provocar también una crisis en las demás plantas del grupo, que en total cuentan con casi 10.000 empleados).
En cualquier caso, comienza una fase muy delicada para Taranto, en la que la protección de los trabajadores deberá ir acompañada de la seguridad de las instalaciones y la restauración del medio ambiente.
Mientras tanto, la historia de la ex Ilva cuenta desde hace años una contradicción que nunca debería haberse normalizado: una comunidad entera obligada a cuestionarse sobre las consecuencias ambientales y para la salud de una actividad industrial de la que dependen miles de familias.
El Tribunal de Casación aclara que la importancia económica y laboral de la planta no anula las obligaciones de proteger la salud y el medio ambiente, pero una sentencia – por sí sola – no puede resolver la crisis industrial de Taranto. Necesitamos recuperación, seguridad, inversiones y, sobre todo, alternativas económicas creíbles para un territorio que ya ha pagado un precio muy alto.