En el Día Nacional contra el Desperdicio de Alimentos, que se celebra el 5 de febrero, queremos contaros la extraordinaria lección de los franceses. En febrero de 2016, Francia tomó una decisión clara: evitar que los alimentos que aún son comestibles acaben en los contenedores de las grandes superficies. Con la Loi Garot, que lleva el nombre del diputado Guillaume Garot que impulsó su proceso parlamentario, el Estado ha transformado una práctica muy extendida en un delito. Los supermercados con más de 400 metros cuadrados de superficie están obligados a destinarlos a donación. El objetivo declarado era ambicioso, reducir a la mitad los residuos nacionales y evitar que millones de toneladas de alimentos acaben en los vertederos de aquí a 2025.
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Una ley que cambió las reglas del juego
El alcance de la norma se midió rápidamente. Según una encuesta de IPSOS, en 2018 el 93% de los supermercados afectados participaban en programas de donación, frente al 33% registrado antes de la entrada en vigor de la ley. Los volúmenes de alimentos redistribuidos crecieron significativamente ya en los primeros años, con aumentos de entre el 15 y el 50% según el territorio. Números que hablan de un cambio estructural, no de un simple ajuste voluntario.
Desde 2018 la ley se extiende también a la restauración colectiva que prepara más de 3.000 comidas al día y a productores de alimentos con una facturación superior a 50 millones de euros, introduciendo una prohibición de destrucción de artículos no vendidos en otros puntos cruciales de la cadena de suministro. Los residuos, en este marco, dejan de ser una variable marginal y pasan a ser una responsabilidad regulada.
Sanciones e incentivos, la doble vía
Loi Garot no confía todo a la buena voluntad. Prevé sanciones administrativas para aquellos que no respetan sus obligaciones, con multas que pueden alcanzar decenas de miles de euros. Los controles se delegan en las autoridades locales, a menudo en colaboración con las organizaciones sin fines de lucro que reciben los excedentes y que pueden denunciar cualquier incumplimiento. Al mismo tiempo, el sistema francés ha introducido exenciones fiscales y simplificaciones burocráticas para las empresas que donan, lo que hace que la redistribución sea más conveniente que la destrucción.
Esta combinación contribuyó a que la norma fuera efectiva y aplicada, impidiendo que se quedara como una declaración de principios. Aunque todavía con limitaciones evidentes, la disposición ha acelerado un proceso que, sin una obligación clara, habría requerido mucho más tiempo.
Más allá de la ley, una red de prácticas cotidianas
El marco regulatorio también ha favorecido la difusión de iniciativas complementarias. En Francia aplicaciones como Demasiado bueno para irtambién presentes en Italia, se han convertido en herramientas generalizadas para recuperar alimentos no vendidos de restaurantes, panaderías y supermercadosreduciendo el desperdicio y ofreciendo a los consumidores productos a precios reducidos. Además de las plataformas digitales, la nevera solidariafrigoríficos de barrio gestionados por asociaciones o comunidades locales donde poder dejar y llevar comida libremente.
Un papel importante también lo juegan Tiendas solidariasespacios que permiten a las familias en dificultades acceder a alimentos donados a precios simbólicos. No simples puntos de distribución, sino lugares de educación en la gestión responsable de los recursos, donde la lucha contra los residuos adquiere una dimensión concreta y cotidiana.
En Italia, el tema también está marcado por una cita simbólica. Se celebra el 5 de febrero. Día Nacional de Prevención del Desperdicio de Alimentospromovido por la campaña Desperdicio cero con la Universidad de Bolonia y el Ministerio de Medio Ambiente. Fundada en 2014 por iniciativa del agroeconomista. Andrea Segrela jornada se ha convertido a lo largo de los años en un punto de referencia para la difusión de datos y análisis, gracias a la OObservatorio internacional Waste Watcher. Con el apoyo constante de las instituciones y del servicio público de radio y televisión, la iniciativa llama la atención sobre un problema que atañe al medio ambiente, la economía y la justicia social.
La comparación entre Francia e Italia muestra dos caminos diferentes pero no incompatibles. La experiencia francesa destaca la eficacia de obligaciones claras dirigidas a los grandes generadores de residuos, mientras que el contexto italiano se ha centrado más en incentivos y simplificaciones. El desafío sigue siendo integrar herramientas regulatorias, iniciativas sociales y responsabilidades económicas, de modo que los alimentos vuelvan a ser considerados un recurso que debe protegerse y no un desperdicio que debe gestionarse.