En Kenia, guardar, intercambiar y vender semillas tradicionales ya no puede considerarse un delito. En una decisión calificada de «histórica» por expertos de Naciones Unidas, el Tribunal Superior de Kenia declaró inconstitucionales algunas disposiciones de la ley nacional sobre semillas y variedades vegetales, que criminalizaban prácticas agrícolas ancestrales fundamentales para la supervivencia de las comunidades rurales.
Según el tribunal, la legislación violaba derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la alimentación y al sustento, imponiendo un sistema que favorecía a las grandes empresas de semillas y los derechos de propiedad comercial en detrimento de los pequeños agricultores.
La ley impugnada concedía derechos exclusivos de comercialización y propiedad sobre las semillas a los «mejoradores» y empresas del sector. De hecho, los agricultores que guardaban o compartían semillas de producción propia corrían el riesgo de recibir penas de hasta dos años de prisión.
Una medida que afectó especialmente a los pequeños productores, comunidades indígenas y redes campesinas que durante siglos salvaguardaron y transmitieron variedades agrícolas locales, adaptadas a los territorios y fundamentales para la biodiversidad.
El Tribunal Superior reconoció que estas mismas prácticas representan «la columna vertebral de la seguridad alimentaria y el patrimonio cultural de Kenia».
Los expertos de la ONU del Grupo de Trabajo sobre los Derechos de los Agricultores y las Personas que Trabajan en las Zonas Rurales acogieron con satisfacción el fallo, calificándolo de un hito en la protección de los derechos rurales.
Compartir semillas no es un delito, sino un elemento fundamental de la identidad, la resiliencia y la contribución de los agricultores a los sistemas alimentarios nacionales, dijeron.
Según los expertos, la decisión reafirma un principio crucial: los derechos humanos, la seguridad alimentaria y la protección de la biodiversidad deben prevalecer sobre regímenes de propiedad intelectual excesivamente restrictivos.
El quid de las leyes inspiradas en la UPOV 1991
El caso de Kenia también ha puesto de relieve un problema global. De hecho, muchas legislaciones nacionales se inspiraron en el convenio de la UPOV de 1991 (Unión Internacional para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas), que refuerza los derechos de los obtentores y limita severamente el libre uso de semillas por parte de los agricultores.
Según el grupo de la ONU, estas regulaciones a menudo han terminado criminalizando las prácticas agrícolas tradicionales transmitidas durante generaciones.
“El fallo de Kenia envía un mensaje claro y oportuno: las obligaciones en materia de derechos humanos no pueden subordinarse a los monopolios del comercio de semillas”, subrayaron los expertos.
El derecho a las semillas reconocido por la ONU
La decisión del Tribunal Superior es coherente con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y de las personas que trabajan en zonas rurales (UNDROP), en particular el artículo 19, que reconoce el derecho a las semillas.
Esto incluye el derecho a:
Detrás de esta frase hubo una larga movilización de movimientos campesinos, comunidades indígenas y organizaciones de la sociedad civil keniana.
Según expertos de la ONU, sus esfuerzos son un ejemplo para el resto del mundo: cuando los tribunales defienden los derechos humanos, también protegen el futuro de sistemas alimentarios más resilientes, diversos y soberanos. La decisión ahora podría convertirse en un precedente importante también para otros países, especialmente en un contexto global en el que el control de semillas está cada vez más concentrado en manos de unas pocas multinacionales.
Y a medida que avanzan la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la inseguridad alimentaria, el reconocimiento del derecho de los agricultores a salvaguardar y compartir las semillas tradicionales parece cada vez más central para garantizar una agricultura sostenible y verdaderamente independiente.