Hace apenas unas semanas el Congreso argentino aprobó la reforma de la ley de glaciares propuesta por el gobierno de Milei, autorizando efectivamente la actividad minera en las áreas ecológicamente sensibles de los Andes. Pero ahora el pueblo tiene voz.
De hecho, más de 850 mil personas se han sumado a un llamamiento colectivo destinado a detener esa reforma. Según las organizaciones ambientalistas y sociales que apoyan la iniciativa, el cambio regulatorio debilita la protección de los glaciares y el ambiente periglacial, poniendo en riesgo recursos hídricos fundamentales para el país.
La acción legal fue presentada ante el juzgado federal de la provincia de La Pampa y solicita la suspensión inmediata de la aplicación de la nueva ley en todo el territorio nacional.
Entre los impulsores del recurso se encuentran la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y Greenpeace, que impugnan la constitucionalidad de la reforma apoyada por el gobierno del presidente Javier Milei y respaldada por el sector minero. Y todos están convencidos de una cosa: la nueva legislación quiere reducir efectivamente las garantías de protección del medio ambiente, abriendo el camino a actividades económicas, en particular a la minería, en áreas que antes estaban sujetas a protección.
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Y no sólo eso: las críticas también se refieren al proceso legislativo que condujo a la aprobación de la reforma. Durante las audiencias públicas organizadas por las comisiones de la Cámara de Diputados, un A más de 100 mil personas registradas se les impidió hablar oralmente y menos del 0,2% de los inscritos tuvieron la oportunidad de participar directamente, transformando la audición en una «simulación de participación».
La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas denunció también que las reglas de la consulta pública habrían sido modificadas luego de la apertura de inscripciones, introduciendo criterios considerados arbitrarios para la aceptación de videos y aportes escritos.
Sobre el fondo de la reforma, las organizaciones cuestionan el hecho de que el nuevo texto reemplaza los criterios científicos compartidos por decisiones discrecionales confiadas a cada provincia sobre qué áreas proteger y cuáles no.
No se trata de una actualización técnica, sino de un intento de fragmentar la protección de recursos que pertenecen a todos los argentinos, dijeron los ambientalistas.
La protección de los glaciares y el entorno periglaciar se considera estratégica porque estas áreas alimentan aproximadamente el 40% de las cuencas hídricas nacionales y garantizan el suministro de agua a más de 7 millones de personas.
Justicia para los Glaciares:
Presentemos ante la Justicia Federal la mayor demanda colectiva de la historia del agua, con más de 850 millones de adherentes. https://t.co/peh8kjYOGx
—Enrique Viale (@EnriqueViale) 5 de mayo de 2026
Mientras tanto, en la provincia de Santa Cruz, la justicia federal de Río Gallegos ya ordenó la suspensión de la aplicación de la reforma. El juez federal Claudio Marcelo Vázquez confirmó en un recurso ambiental una medida cautelar que bloquea temporalmente cualquier actividad en áreas protegidas afectadas por la nueva legislación.